Eficiencia, empeño y fortaleza caracterizan al hombre de campo argentino que no recula ante la adversidad y que una y otra vez apuesta a su tierra, porque sólo él conoce el verdadero valor de trabajarla y cosechar, una y otra vez.
El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas -CRA-, Mario Llambias, así lo entiende, y por eso en medio del enfrentamiento que el campo mantiene con el Gobierno, informó que las pérdidas que pueden sufrir los productores este año por efecto de la sequía y por las malas políticas agropecuarias del gobierno nacional llegarán a 12.517 millones de dólares ó 43.811 millones de pesos. "Con esa plata se podrían construir 30.000 escuelas o 43.000 kilómetros de rutas", comparó.
El dato surgió de un estudio donde se suma los quebrantos de agricultores, ganaderos y tamberos.
El primer rubro, y solamente considerando los cuatro principales cultivos pampeanos (soja, maíz, trigo y girasol), es el que sufrirá el peor recorte de sus ingresos, más de U$S 10.000 millones, debido a la conjunción de una caída de la cosecha (de 89 a 66,7 millones de toneladas) y la baja en los precios agrícolas internacionales.
En ganadería, por caso, se sumaron la pérdida prevista por una menor tasa de destete (se calcula que 1.100.000 terneros no llegarán a nacer este invierno), el menor engorde de vacunos (los novillos dejarían de aumentar 300 gramos por día debido a la falta de pasto, lo que equivale a 698.000 toneladas de carne de menos este año) y la mortandad de cabezas, que las provincias estiman en 1 millón de animales. En total, la sequía perjudicará a los ganaderos en U$S 700 millones.
La conclusión del trabajo es evidente: "Queda claro que la millonaria pérdida de ingresos incidirá en forma directa en la actividad de todos los sectores del país, con mayor impacto en los pueblos del interior".

¿Qué opina sobre el discurso de la Presidente en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación?
Me preocupó la falta de soluciones concretas a los problemas que desvelan a los argentinos. Esperaba propuestas de acción para el año legislativo, pero no dijo nada. También me extrañó la falta de comentarios de la señora Presidente ante la crisis que existe, que ya no solo afecta al aparato productivo, sino a la vida de la gente; como el caso de las suspensiones en fábricas y múltiples sucesos desagradables que se irán produciendo en tanto y en cuanto no aparezcan las soluciones. Sólo coincido con la Presidente en la necesidad de razonar y debatir las medidas que se implementan y que afectan a los distintos sectores.

¿Qué rescata de la primera reunión con la Ministra de la Producción Débora Giorgi?
Los funcionarios nacionales anunciaron una serie de medidas unilaterales que luego se hicieron públicas en conferencia de prensa en el Ministerio de Economía. Cabe destacar que durante el encuentro le hicimos comentarios con el fin de mejorarlas pero hasta ahora no han sido tenidos en cuenta. La compleja realidad agropecuaria no pudo ser abordada en profundidad en una reunión que terminó resultando corta. Considero exiguos y de compleja instrumentación muchos de los anuncios realizados por los funcionarios nacionales. Me gustaría ver pasar del dicho al hecho, que los anuncios se traduzcan en acciones concretas porque la situación del sector agropecuario es insostenible.

En la segunda estuvo la Presidenta y hubo acuerdo...
Somos concientes de la gravedad de la situación tanto del país como del sector productivo. Pero anuncios hemos tenido muchos, lo importante aquí es que empiecen a reestablecerse algunos lazos que permitan recobrar la confianza en las medidas que se anuncian.

¿Fue un éxito el cese de comercialización en febrero?
El cese de comercialización de granos con destino a puerto y hacienda gorda en pie con destino a faena dispuesta, convocado por la Comisión de Enlace de entidades agropecuarias tuvo en febrero un altísimo nivel de acatamiento. No se produjeron operaciones en las bolsas de cereales que operan en el país y la remisión de haciendas con destino a faena fue prácticamente nula.
La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, convocó a este cese de comercialización atento a la falta de soluciones para el sector. Del cese de comercialización quedaron exceptuadas las operaciones de granos con destino a consumo, hacienda invernada y de rechazo, leche fluida y sus derivados, fruticultura, citricultura y cualquier materia prima y alimentos con destino a consumo animal o humano que impliquen ocasionar molestias a la ciudadanía en general.

¿Por qué hubo acuerdo?
La Comisión de Enlace ha demostrado con palabras y con hechos ser parte de un proceso serio de búsqueda de soluciones para cada uno de los temas que el sector tiene pendientes. La gravedad de la crisis no permite más dilaciones inexplicables. Es indispensable restituir la confianza entre el sector y el Gobierno, valor éste, cuyo deterioro es ostensible y sin el cual no se reconstruyen las expectativas, base de la apuesta a la producción, el trabajo y el crecimiento. Avanzar hacia la normalización de los procesos comerciales, hoy distorsionados, que requieren de nuevos consensos, armonizando los intereses de los diversos sectores de la sociedad e incluyendo a los productores de materias primas. Y revisar las normas y políticas que influyen en los procesos productivos, haciendo viables las explotaciones agropecuarias, su sustentabilidad y su rol como célula básica del desarrollo de los pueblos.

¿Qué opina respecto a la firma del decreto 33/09?
Confederaciones Rurales Argentinas entiende que el anuncio de la firma del decreto 33/09 realizado por la señora Presidente, Dra. Cristina Fernández de Kirchner referido a la emergencia agropecuaria por sequía, sólo cumple lo expresado por la ley 22.913. Asimismo CRA denuncia que la decisión de otorgarle gratuidad a las cartas de porte para transporte de granos tiene como objetivo principal ocasionarle perjuicio a la entidad que venía brindando el servicio al productor. El costo de la misma ronda dos pesos por hectárea de soja por lo que no modifica la realidad del productor afectado por la sequía, es irrelevante como ayuda y por lo tanto su gratuidad es movilizada por intereses políticos.

¿Cuáles son los reclamos puntuales del sector?
La declaración de emergencia o desastre agropecuario a nivel nacional de todas las regiones afectadas por factores climáticos adversos con el correspondiente decreto de exención impositiva.
Reprogramación de créditos vencidos y a vencer durante el período que dure la emergencia.
En materia de Ganadería, suspensión por un año de la resolución que prohíbe la faena de animales livianos, derogación de la resolución ONCCA 42/08 que estableció el mecanismo de encaje y ROE rojo, liberación total de las exportaciones de vacas categoría D, E y F y menudencias, liberación de las exportaciones de los cortes correspondientes a los cuartos traseros de novillos pesados.
En lo que hace específicamente a la Agricultura, pedimos la derogación de la resolución ONCCA 543/08 y normas complementarias, la apertura real de los registros de exportación, generar las condiciones para el normal funcionamiento de los mercados y coberturas. En materia de Lechería, el reclamo apunta a la apertura y normalización de las exportaciones, eliminación del sistema de valor de corte instrumentado por resolución MEyP 61/07 y normas complementarias, y devolución del fondo adjudicado a los productores por la misma resolución.

¿Y en materia de Economías Regionales, lejanas a los puertos?
Sostenemos la inmediata eliminación de los derechos de exportación de los productos de economías regionales, la creación de un ámbito específico para tratar las particularidades de cada producción, la ayuda directa a los productores afectados. A los ganaderos: asistir con $200 por vaca hasta los primeros 500 animales. A los agricultores: asistencia financiera para recomponer el capital de trabajo con líneas de crédito a tasas bonificadas. Ayuda directa para pequeños productores con créditos no reintegrables de $500 por hectárea.
También creemos que sería justo que el Estado solvente los aportes previsionales que deben realizar los productores de las zonas en emergencia mientras perdure la misma con el objeto de mantener las fuentes de trabajo; como así también readecuar las alícuotas de los derechos de exportación en función del reacomodamiento de precios de los commodities, especialmente para los pequeños y medianos productores. Incluso algunas de estas medidas, no tienen costo para el gobierno y son medidas insustituibles para la recomposición sectorial.